Con la sanción de esta normativa, el Ejecutivo local logró sanear una serie de graves irregularidades detectadas en el expediente original:
- Inexistencia de infraestructura:Se vendieron parcelas declarando un tendido eléctrico que nunca existió, ni contaba con presupuesto o gestión previa, obligando a los propios compradores a financiar de su bolsillo la instalación de la red.
- Valuaciones fuera de norma:Los valores de venta fueron determinados por un tasador particular en lugar de utilizar la tasación de un organismo oficial como el Banco Provincia, contraviniendo lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
- Sobreventa e inviabilidad legal:La comercialización desordenada de fracciones no respetaba las dimensiones mínimas exigidas por la zonificación vigente, impidiendo que los adquirentes pudieran tramitar sus respectivas escrituras.
Frente a las consecuencias de aquella operatoria, el gobierno municipal asumió la tarea técnica y política de reordenar el sector productivo. Mediante la adecuación de los parámetros urbanísticos generales —estableciendo frentes mínimos de 20 metros y superficies de 600 metros cuadrados—, los titulares afectados podrán finalmente acceder a su escritura individual, poniendo fin al esquema de lotes compartidos y brindando seguridad jurídica a las inversiones industriales.
En el plano legislativo, la iniciativa contó con el acompañamiento de los concejales del bloque Juntos Somos Potencia, cuyos votos resultaron necesarios para destrabar el conflicto administrativo heredado y avanzar hacia un esquema urbano transparente y con reglas claras para el desarrollo económico del distrito.






