La decisión fue tomada hace unos días por el fiscal de la UFI N°12 de Moreno, Leandro Ventricelli, (y avalada por la jueza de Garantías, Adriana Julián), que intervino en la causa que inicialmente llevaba la UFI N°10.
La liberación se decidió luego de determinar que sus declaraciones coincidían con los resultados de las pericias en sus teléfonos celulares. De todas formas, tanto Romero como Acosta no podrán ausentarse más de 24 horas de sus domicilios sin autorización previa y comprometerse a atender cualquier llamado que les hagan en el marco de la causa.
Entre los argumentos de la defensa de ambos detenidos, el abogado de Acosta, Rodrigo Tripolone, explicó a La Posta que "nunca debieron estar detenidos. No tienen nada que ver con el hecho, ellos estaban realizando citaciones y fueron convocados para prestar colaboración en un procedimiento. Fueron con el único móvil policial de la DDI y trasladaron a un detenido hasta la sede policial apra después continuar con sus tareas.
El letrado adelantó que pedirá la nulidad de la acusación (para toda la causa, lo que incluye a los otros detenidos), indicando que aunque la imputación puede ser por otras cuestiones pero no existe tipificado como delito el robo de droga, porque esta, de por sí, "es algo ilícito, no un bien jurídico como una bicicleta, un auto, entre otras cosas". También buscarán la nulidad de la imputación por robo agravado por el uso de arma, dado que "los acusados son policías, portan armas".
Por su parte, Javier Baños, abogado de Romero, dijo a Primer Plano que "como lo vengo gritando en el desierto desde el minuto cero, las detenciones fueron groseramente arbitrarias, sin fundamento y sin sentido. Su prisión preventiva fue un absoluto exabrupto injustificable. Es de aplaudir la valentía demostrada por Lucas Oyhanarte (fiscal general de Moreno-General Rodríguez) y del fiscal Ventricelli, pero quedan otras personas detenidas en forma injustificable".
Mientras tanto, continúan detenidos el oficial Juan Eduardo Vieira, el sargento Leonardo Fabián Biotti, el subteniente Sebastián Eduardo Perín, el suboficial mayor Ángel Rufino Morales el oficial ayudante Claudio Sebastián Branchi y el subteniente Darío Roberto Torres. También está tras las rejas oficial principal Gabriela Noemí Ibarra, hija del entonces Subsecretario de Seguridad de General Rodriguez, Daniel Ibarra, quien renunció a su cargo tras conocerse el conflicto.
Las familias de los efectivos vienen reclamando desde hace meses la liberación del resto de los acusados, considerando que hubo irregularidades en la investigación. Hubo manifestaciones y marchas por ello en nuestra ciudad, frente al edificio de Fiscalías.
El caso
La investigación comenzó con un brutal homicidio en el barrio Villa Arrarás el pasado 15 de febrero de este año, en un domicilio de la calle Galán de Malta entre Ortega y Matheu, donde, para los investigadores, hubo un ajuste de cuentas narco.
A José Gutiérrez, de 41 años, que vivía con su mujer y dos hijos (y uno por venir), lo mataron a disparos dos sujetos y huyeron. Se había mudado hacía poco proveniente de Merlo y su llegada al barrio, se presume, podría haber estado vinculada al negocio ilícito. De su domicilio habían incautado una planta de marihuana aunque también se había hablado de más droga.
Lo cierto es que cinco días antes, el 10 de febrero, otro allanamiento habría terminado en el secuestro de unos 5 kilos de cocaína y que ese procedimiento habría tenido conexión con el crimen de Villa Arrarás. El lider narco al que allanaron habria mandado a sicarios a matar a Gutiérrez, creyendo que él le había pasado el dato a la Policía.
La familia de la víctima habría sido quien brindó la información y así fue como comenzó a investigarse la causa por la que fueron detenidos los policías.
Lo que se supo también es que durante ese allanamiento, los agentes habrían informado en el acta que se había secuestrado una cantidad ínfima de droga, para no informarlo a la Justicia. Y que esos cinco kilos de cocaína son los que quisieron "revenderle" a los narcos, en un acuerdo que, según trascendió de voceros judiciales, sería de 25.000 dólares, aunque igualmente no pudo confirmarse esa versión.
Lo cierto es que la Justicia cree que se quedaron con esa mercadería y con el dinero que les cobraron a los narcos con la promesa de devolverles la droga. Las detenciones se produjeron con allanamientos en la sede de la DDI de General Rodríguez y en la Comisaría de Francisco Alvarez, a la que pertenecerían los acusados.
